Por: Roberto Soto*
En México, la educación que imparte el Estado debe ser gratuita y universal. Es un derecho constitucional, pero con el tiempo, este mandato no se ha cumplido. Diversos factores se han impuesto, como es el cobro de cuotas “voluntarias” (obligatorias) en el proceso de inscripción, para el mantenimiento de la infraestructura y en muchos casos para el pago del “velador” (vigilante).
Diseñan la política educativa considerando un México homogéneo, como si las condiciones de Ixtlán de Juárez en la sierra norte de Oaxaca, fueran las mismas que en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. La realidad es que existen muchos mexico’s, heterogéneo en muchos sentidos, cultural, nivel socioeconómico, etc.
Es importante considerar las condiciones de profesor@s, que muchas veces tienen que realizar una segunda actividad porque sus ingresos como docente no son suficientes, esto es, no tienen estabilidad económica y laboral, es decir, no cuentan con base permanente, por lo que están condicionados tanto en espacio físico como en horas laborables. Por si fuera poco, tienen una enorme incertidumbre por las condiciones de su seguridad social, ya sea fondo de ahorro/pensión/vivienda y lo relacionado con el acceso a la salud. Por tanto, el estrés es una condición casi permanente.
En cuanto a l@s estudiantes, dada la incertidumbre económica (empleo e ingresos) de quien (es) asume la responsabilidad en el hogar, impide en muchos casos, tener condiciones idóneas para el aprendizaje, por ejemplo, probar alimentos sanos al menos tres veces al día, realizar sus tareas de manera consistente, concentrarse en clase, entre otras; de hecho, existen estudios que sostienen que el 50% de quienes se encuentran en el nivel superior piensan abandonar sus estudios. Caso aparte son las situaciones de las violencias que se presentan en las escuelas y fuera de ellas.
Para que lo anterior suceda, se requiere un Estado que no asuma su responsabilidad, como es el dotar de todas las condiciones para que el eslabón enseñanza-aprendizaje no se rompa. Sin embargo, han trasladado su obligación a otras entidades, por ejemplo, las evaluaciones que se aplican al ingreso o egreso de los estudios. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), se encarga de aplicar a miles de estudiantes una evaluación para acceder a la educación media superior, superior y posgrado, además de clasificar a quienes termina sus estudios.
Todo tiene un costo, el realizar este tipo de acreditaciones o evaluaciones implica una erogación tanto para las instituciones como para el estudiantado y sus familias; pero una ganancia muy importante para este tipo de asociaciones civiles y como se hacen llamar, “sin fines de lucro”, tal como dice John K. Galbraith “un fraude no tan inocente”. La evidencia ha demostrado que no hay una mejora en la calidad educativa (como se ha dicho, existen multifactores y no sólo si se pasa o no una evaluación). ¿Por qué dejar en manos de los privados el futuro de l@s jóvenes en México? ¿Por qué las instituciones educativas públicas y las autoridades gubernamentales avalan estas prácticas? ¿Acaso no existen entidades públicas que puedan realizar estas tareas?, después de años de estudios, ¿se requiere hacer este tipo de evaluaciones? A palabras de Hugo Aboites, el Estado debe cumplir su obligación, no se debe permitir un Estado Testimonial, la educación no es un negocio, no es una vulgar mercancía.
Es un hecho, falta mucho por hacer por el sistema educativo en México, el tiempo se agota. La educación es un derecho humano inalienable, universal y gratuito; exijamos esas condiciones por el bien de la sociedad.
- Roberto Soto Esquivel es Doctor en Economía egresado del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Profesor-Investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Realizó una Estancia Posdoctoral en el Centro de Estudios de Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación general es la economía financiera; y líneas particulares como: microfinanzas y análisis del sector financiero internacional.