Por: Roberto Soto Esquivel

Uno de los grandes problemas que enfrentan las y los mexicanos es contar con una vivienda digna. La situación se agrava en las edades más jóvenes que, al no contar con una condición laboral estable y/o con salarios bajos, es prácticamente imposible acceder a una vivienda propia.

    El tener una vivienda digna y propia es un derecho, significa tener estabilidad emocional, personal, seguridad y patrimonial. Implica tener bienestar y poder planificar en el mediano y largo plazo.

    Una vivienda de calidad, con ubicación accesible, servicios básicos completos y seguridad de la propiedad (escrituras) es un derecho que debe tener toda persona sin distinción socioeconómica y cultural.

            El Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2019, publicó el documento Principales retos en el ejercicio del derecho a la vivienda digna y decorosa, en este señaló que contar con un lugar donde vivir implica:

• no poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas; 2) seguridad en su tenencia; 3) materiales y diseño de calidad; 4) bien ubicada y con acceso a servicios básicos y complementarios funcionales y suficientes; 5) emplazada en un barrio seguro, con espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria; 6) con un diseño que, como unidad y como asentamiento atienda a estándares técnicos de calidad y sea aceptable para sus habitantes; y 7) en un hábitat digno, integrado al entorno natural de manera responsable e incorporando tecnologías.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha modificado esta situación, al considerar a la vivienda como una mercancía y aunado al proceso de gentrificación (cambios o desplazamientos de la población de sus territorios para ser adquiridos por desarrolladores de vivienda a precios exorbitantes para la mayoría de la población), las dificultades aumentan.

            Las viviendas en las que habitan gran parte de la poblacional cuentan con algún rezago como es el hacinamiento, o son construidas con materiales precarios (en paredes, muros o pisos) y/o no cuentan con escusado. El tener 1 o más de estas condiciones forman parte de lo que se denomina Rezago Habitacional Ampliado (RHA). Con información del 2022, en México se contaba con un RHA de 25% (Información de la Sociedad Hipotecaria Federal), es decir, 8.9 millones de viviendas (de un total de 36.9 millones).      

Una de las iniciativas del gobierno de México es hacer frente a esta situación a partir del Programa de vivienda y regularización el cual pretende construir 500 mil viviendas (a través del INFONAVIT) y 500 mil a cargo de CONAVI para la población no derechohabiente. A partir de 2025, habrá una inversión de 600 mil millones de pesos y se iniciará la construcción de las primeras 165 mil viviendas, se creará un programa de vivienda en renta para jóvenes, a costos asequibles. Según el gobierno, la población objetivo serán los más vulnerables como son mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.

            Como se puede apreciar es un programa federal en donde los más beneficiados serán mujeres, jóvenes y población más vulnerable, es decir, los excluidos de toda la vida. En el papel la idea es excelente, claro, tiene sus detractores, en particular, las empresas inmobiliarias y los que hacían grandes negocios con ellos, como el “líder” sindical del INFONAVIT (desde 1977), es decir, la corrupción e impunidad atrás de construcción de las viviendas.

            La realidad indica que es necesario impulsar la construcción de vivienda en México debido a los efectos multiplicadores que genera. Se debe cuidar la calidad, accesibilidad, asequible, responsable con el medio ambiente y respetuosa de las comunidades y pueblos. Y más que nada cuidar que el interés nacional este por encima del beneficio individual.

• Roberto Soto Esquivel es Doctor en Economía egresado del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Profesor-Investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Realizó una Estancia Posdoctoral en el Centro de Estudios de Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación general es la economía financiera; y líneas particulares como: microfinanzas y análisis del sector financiero internacional.